CERMI Andalucía pretende analizar próximamente con el presidente andaluz esta difícil situación que se verá agravada con la propuesta de la Consejería de Igualdad de subir tan solo un 2,6% el coste de las plazas en estos centros, un incremento que las entidades de la discapacidad rechazan totalmente por considerarlo “inaceptable e insuficiente” para mantener su actividad y garantizar unos servicios esenciales para estas personas y que solo prestan estas entidades.

 

La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, ha criticado el “intolerable” aumento planteado por la Consejería de Igualdad y ha advertido de que “abocará al cierre de estos centros, ya que esta financiación está muy lejos de la cobertura real de las necesidades que tienen desde hace mucho tiempo y que se ha visto agravada tras un año durísimo por la crisis de la pandemia, que ha supuesto un esfuerzo económico suplementario para las entidades que han tenido que asumir en solitario y sin ayudas públicas los gastos extraordinarios provocados por el covid”.

 

El CERMI andaluz ha mostrado su confianza en el presidente andaluz y en el proceso de diálogo e interlocución permanente que ha abierto desde finales del pasado año con el mundo andaluz de la discapacidad para buscar de forma consensuada soluciones a las necesidades y demandas acuciantes de estas personas, como es el caso de la situación alarmante de estos centros.

 

Marta Castillo ha exigido al Gobierno andaluz que reconsidere su propuesta y rectifique para estudiar una nueva oferta que se aproxime más a la realidad y a las necesidades de estos centros y que permita, de este modo, asegurar su sostenimiento y viabilidad.

 

Actualmente las entidades representadas en CERMI Andalucía gestionan 591 centros en la comunidad que atienden a 12.696 personas con discapacidad, entre residencias, centros de día y centros ocupacionales, con un coste que supera los 400 millones de euros, según el último concierto social.

 

CERMI Andalucía recuerda que el coste de estas plazas lleva congelado más de una década y solo en 2019 se acometió una ligera revisión que no alcanzaba tampoco a cubrir las necesidades mínimas de estos centros, por lo que su asfixia financiera y déficit de recursos los ha llevado al borde la quiebra.